La sentencia
del escándalo de los ERE en Andalucía ha sido interpretada en el contexto de la
azarosa formación de un nuevo gobierno. La factibilidad de un acuerdo entre el
pesoe y podemos, ha neutralizado efectivamente cualquier crítica desde la
izquierda. La casi totalidad de los portavoces mediáticos de esta, han guardado
un silencio estruendoso, entendiendo que cualquier censura puede obstaculizar
el acuerdo. Desde la derecha, tampoco las reprobaciones han sido excesivas, en
tanto que la corrupción acumulada por la misma ostenta récords difíciles de
batir, además de encontrarse en una situación de inestabilidad por la mudanza
de sus formas políticas. Sus voces suenan a cliché audiovisual de ocasión,
redundante y desgastado.
La
convergencia de estas valoraciones benevolentes, contrasta con la
naturaleza de este escándalo de
dimensiones macroscópicas, que ha sido minimizado ante la opinión pública,
conformada por las audiencias de las radios y televisiones, los ilustrados
lectores de los columnistas digitales y los fervorosos activistas en las redes
sociales, que esculpen a sus públicos en la redundancia sin fisuras. Pero, lo
cierto es que cualquier acontecimiento inscrito en las coordenadas de este
sistema político-comunicativo, es desactivado mediante su reducción a un
episodio en la puja eterna por la redistribución del poder político. Su valor
es determinado como una mercancía audiovisual
utilizada por los contendientes de la disputa mediatizada que agota su
horizonte en el inmediato mañana.
Así, las
televisiones han sido generosas con los condenados, facilitando el acceso a
distintas voces de notables que desempeñan el papel de abogados defensores,
desgranando los argumentos que constituyen una apoteosis artística del
eclecticismo. La cuestión fundamental estriba en la relativización del delito,
junto a la ratificación de una visión esencialista de los penados. Estos son
presentados como buenas personas que se han encontrado en una situación que les
ha desbordado. Esta metodología es la que predomina en el tratamiento mediático
de los delitos de los poderosos, que son redimidos ante la opinión pública mediante
la minimización del desmán, que es desplazado por la presentación de sus
personas en la versión entrañable de sus familiares, amigos, colegas y
beneficiarios.
El principal
argumento esgrimido por los múltiples y eficientes abogados defensores
mediáticos, es el de que no se han apropiado el dinero para su disfrute
personal. De este modo, el contraste con los escándalos incesantes
protagonizados por el pepé, es manifiesto. En esta forma de corrupción, grupos
ubicados en posiciones de poder se asignan a sí mismos altos porcentajes del
dinero desviado de sus fines asignados. En este sentido, actúan como ejecutores
de verdaderos “golpes”, tras los que se redistribuyen beneficios entre los
actores y patrocinadores. El episodio de los ERE es más bien una corrupción
social, en el que los actores, situados en la cúpula del gobierno, reasignan
destinatarios a partidas presupuestarias establecidas para otros fines, con la
intención de fortalecer y mantener su red de vínculos con distintas personas y
grupos, que son transformadas en clientes por dicho intercambio.
De este modo
se consolida una forma de gobierno radicalmente perversa, en tanto que se
instituye un comportamiento fundado en la ocultación y la mentira, en tanto que
las inversiones y las decisiones presupuestarias se destinan a satisfacer los
intereses de clientes privilegiados, en espera del pago recíproco de estos.
Esta forma degradada de gobierno no es patrimonio del pesoe, sino también de la
derecha y de todas las instituciones del régimen del 78. El caso de las
municipales es pavoroso. La diferencia real entre ambos partidos-patrón, radica
en la distinta naturaleza de los beneficiarios de su red clientelar, que determina
su modelo operativo.
Este infame
intercambio sobre el que se constituye la forma de gobierno, supone, tanto una
desviación permanente de fines, como una magnificación de la simulación, que
sustituye a la verdadera realidad, que permanece sumergida en la sombra. El
daño causado por esta falsificación a las instituciones representativas,
alcanza niveles cósmicos. Su permanencia acentúa un proceso acumulativo de
vaciamiento ético, que induce a una condena a la inteligencia, que es asfixiada
en un medio tóxico de esta naturaleza. Precisamente ayer he leído el texto del
médico salubrista Javier Segura acerca del “Gran Sapo”. Esta es una metáfora
adecuada. Los directivos, los técnicos, los profesionales y los empleados, son
estrangulados mediante la administración de distintos sapos que tienen que
deglutir.
De ahí el
título de este texto: Los patrones templados y mesurados que se sobreponen a
las reglas para repartir beneficios entre una variada red clientelar, como
método de su propia perpetuación en el poder. En las palabras de una de las
herederas castizas de este sistema,
Susana Díaz “En los actos públicos la gente me da cariño y yo les correspondo
con cariño”. Ciertamente, el espectáculo de los mítines en los que las
efusiones colectivas alcanzan casi el éxtasis, son elocuentes. Estos son la
expresión de la naturaleza de la corrupción redistributiva en Andalucía. Como
he vivido allí muchos años, podría asignar un lugar de honor a Gaspar Zarrías.
En sus años de oro ejercía como el patrón
absoluto de la provincia de Jaén.
Las
corrupciones políticas tienen como consecuencia el establecimiento de una
ecología organizativa en las instituciones públicas. Proliferan y medran las
especies en consanguinidad con el poder;
se expanden las especies dotadas de capacidades digestivas fantásticas, que les
permiten digerir grandes sapos, y dominan aquellos capaces de adaptarse a lo
que sea menester. Por el contrario, las especies más profesionalizadas, son
desplazadas y obligadas a resolver el dilema de la adaptación o la migración.
Desde cualquier organización de enseñanza, salud, servicios sociales u otras,
esta tragedia se puede contemplar nítidamente. Aquellos que tratan de mantener
sus sentidos profesionales son cercados por las especies adaptativas que
terminan por imponer su lógica.
No, la
corrupción, en cualquiera de sus formas, no es un accidente externo, sino que,
por el contrario, infecta todo el tejido de las organizaciones públicas. Cuando
se instala y se prolonga en el tiempo, su efecto es la desertificación de la
inteligencia, que cede su paso al ritualismo en el desempeño profesional. Así
se constituye la fatalidad histórica del postfranquismo, que implica un declive
manifiesto de las organizaciones profesionales, inducido por esta forma de
gobierno clientelar que perturba severamente el sistema en todos sus niveles.
Así pues, el
episodio de los ERE es una de las manifestaciones de esta forma de gobierno,
más allá de su libreto judicial. El intenso deterioro que ha producido en la
Administración, el sector Público y la sociedad, es manifiesto. En esta
situación, la pregunta pertinente estriba en pronosticar si esta situación es
reversible, y, en el supuesto de que se considere así, cuál es la estrategia de
recuperación. Me interrogo acerca de si es posible recuperar las reservas de
inteligencia y ética desplazadas, migradas y desperdigadas en los largos años
en los que ha imperado esta nefasta forma de gobierno.
En este
sentido, una regeneración solo es posible tras una autocrítica radical. A día
de hoy, no aparecen signos que nos permitan pensar en esta dirección. Por el
contrario, las sinergias entre el bloqueo de la inteligencia y de la ética, se
agudizan inquietantemente. La benevolencia y la superficialidad de las
valoraciones, así lo atestiguan. Los analistas escamotean la cuestión esencial,
que radica en la elaboración de un proyecto. La corrupción se impone
contundentemente en un medio caracterizado por un proyecto débil. No es una
cuestión de pedir perdón, sino acreditar la voluntad y capacidad de gestar un
nuevo proyecto.
Esta forma
de corrupción redistributiva es inseparable de la ruina del proyecto político
de la izquierda, que ha quedado reducido a conseguir y conservar el gobierno.
Una vez establecido en estos términos, se impone la lógica de los medios
necesarios para tal fin. Este proceso instituye un modelo de relaciones que
degrada a los partidos, las organizaciones del sector público, las organizaciones
de la sociedad civil, e incluso, a no pocos movimientos sociales. Este sistema
tóxico se retroalimenta a sí mismo y termina por reconvertir, incluso, a las
fuerzas nuevas que tengan voluntad de modificarlo.
Pero, el
efecto de los ERE está siendo justamente el contrario. Se activan las defensas culturales,
se multiplica la nefasta lógica del bloque “progresista”, que ahora se
justifica por la formación del nuevo gobierno. Esta se sobrepone a todo y vacía
cualquier proyecto de cambio. Se entiende el progresismo como un bloque pétreo,
sin fisuras, que habla solo por una voz monolítica, en tanto que es preciso
sobreponerse al bloque conservador. En una situación así, la posibilidad de
inventar interactivamente un nuevo proyecto que vaya más allá de los gobiernos
de la videopolítica, es cero. Cualquier proyecto tiene que afrontar la
reparación de la devastación producida por el modelo de gobierno clientelar en
las organizaciones, ejercida durante tantos años.
Los efectos
recombinados de la reestructuración postfordista con la mediatización total han
transformado radicalmente las bases sociales de la izquierda. La nueva clase
trabajadora es una masa fragmentada, heterogénea y deslocalizada. El suelo
sobre el que asienta esta es blando y viscoso. En estas condiciones, la
izquierda política se sustenta en las lealtades de varios cientos de miles de
profesionales y empleados de organizaciones públicas. En el interior de este
conglomerado vive una nueva versión de lo que Bourdieu denominó como nobleza de estado. El resultado de la
combinación de ambos factores es la configuración de una visión distorsionada
de las realidades, que favorece la penetración de la extrema derecha en este
campo político.
Desde esta
perspectiva se puede comprender la integración de Podemos en la quimera del
gobierno progresista. Entiendo muy bien la energía y esperanza que suscita
entre sus apoyos. Si obtiene cinco ministerios puede soñar con los números
múltiples que resultan de la suma de autonomías, provincias, organizaciones
públicas… Eso conforma un contingente de cargos considerable, que pueden
proporcionar un soporte a una élite política. Pero entenderlo como una fuerza
de cambio es otra cosa bien distinta. El precio es más que el silencio acerca
del escándalo.
A día de
hoy, el cambio es más necesario que nunca, al tiempo que más dificultoso. No se
trata de restaurar como clientes a sectores sociales desahuciados por los
partidos convencionales, sino de reconstituir el sector público. Esta finalidad
desborda los eslóganes y las puestas en escena características de la
videopolítica, que tanto fascinan a los aspirantes al gobierno, entendido como
factor multiplicador de los números múltiples.