En 1999 me
pidieron un texto de valoración de la evolución del sistema sanitario público
en Andalucía, para el "Informe Social de Andalucía (1978-98)".
Este estudio fue realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados
(IESA), bajo la dirección de Eduardo Moyano y Manuel Pérez Yruela. A pesar de
mi precaución ante todas las instituciones y saberes que hagan suyos los
contenidos asociados a la palabra "avanzado", acepté. Este textillo
representa mucho para mí, puesto que, después de mi tesis, en la que distinguía
entre dos reformas sanitarias simultáneas y contrapuestas, la salubrista y la
gerencialista, en este artículo se manifiesta mi evolución personal. En este
tiempo la reforma salubrista ha desaparecido y la gerencialista es redefinida y
conceptualizada con respecto a sus vínculos con otras reformas del estado y de
los sistemas sanitarios, que aparecen mucho más nítidamente que en el Informe Abril
del 91, fecha en la que comienza su proceso de implementación.
Este texto
puede ser leído como un epílogo de mi tesis. En estos años reflejaba con
precisión mi posición. En mis clases en la EASP utilizaba estas referencias y
argumentos. Con posterioridad, he comprendido la relación entre el
gerencialismo y el proyecto neoliberal en acción, así como la novísima
institución gestión como herramienta de la nueva gubernamentalidad neoliberal.
En este tiempo tuve que asumir los costes de defender en solitario, y en un
medio anestesiado intelectualmente, la significación suprasanitaria de la
reforma entonces en curso, que era presentada como natural y la única
posible.
Las nuevas
reformas sanitarias de esta época se camuflan tratando de hacerse opacas. Su
éxito es incuestionable. A día de hoy, dieciocho años después, es frecuente
escuchar las lamentaciones procedentes de sus víctimas. La atención primaria es
la más importante, pero también afecta a distintas áreas de la asistencia
sanitaria. Me impresiona la candidez asociada a los enfoques reduccionistas de
muchos profesionales desmoralizados, que entienden el problema en términos de
"recortes" de la atención sanitaria. Pero las políticas sanitarias
presentan una congruencia precisa con su nueva definición como una parte
fundamental de la economía global y el crecimiento. Desde esta
perspectiva se hacen inteligibles las decisiones de las autoridades,
referenciadas en un proyecto suprasanitario, en el que la salud es un
yacimiento colosal para un mercado próspero.
Así, este
texto pretende contribuir a una historia del sistema sanitario que se inscriba
en la historia del presente, en lo que antaño fue sectorial, pero que ahora es
global. Por eso he decidido rescatarlo en la convicción de que aporta una
perspectiva clarificadora de las problemáticas y dilemas del presente. Lo que
empezó con introducción de pequeñas dosis de mercado y desagregación de los
proveedores, ha mutado en la dirección de constituirse en un conjunto de
empresas y empresillas cada vez más autónomas. En la lógica que inspira este
proceso es lógico que los pequeños proveedores, los centros de salud, sean
penalizados severamente. Los riesgos que conlleva este proceso de desagregación
apuntados en el texto han sido consumados en las comunidades de Madrid,
Cataluña, Valencia, Murcia, andalucía y otras. En este sentido lo entiendo como
premonitorio. El híbrido entre lo privado y lo público ha devenido en un ente monstruoso incontrolable.
Quizás esta sea la causa por la que no volvieron a llamarme más a
participar en estos libros-museo, a la que tan aficionada es la sociología que
no tiene la pretensión de desvelar la realidad social. Pero en estos días la
sanidad sigue siendo entendida a partir de un conjunto de cifras que se
renuevan ofreciendo a los estadísticos la oportunidad de practicar como
registradores de guarismos.
PRESEN TE Y FUTURO DEL SISTEMA
SANITARIO EN ANDALUCÍA
Juan Irigoyen
Universidad de Granada
El sistema
sanitario en Andalucía comparte los problemas comunes a todos los sistemas
sanitarios en la época actual. Se encuentran inmersos en una crisis de
legitimidad y de costes que determina la necesidad de su reforma para
adecuarlos a la nueva situación. Tienen que responder imperativamente a los
renovados retos de incrementar su legitimidad, de mejorar sus resultados y de
ser viables financieramente. La dificultad de esta reforma es patente. No
existen modelos bien definidos ni estrategias de cambio claramente formuladas.
La necesidad inmediata de realizar cambios se contrapone con su escasa viabilidad
debido a los altos costes de los intereses que amenazan. La explosión de la
retórica de las propuestas de cambio contrasta con las inercias del presente.
El cambio en los sistemas sanitarios siempre ha generado expectativas
desmesuradas respecto a sus resultados y la esperanza de incrementar los
recursos. Ahora se trata de cambiar el sistema sin incrementar los recursos.
Se trata de realizar un nuevo tipo de reformas discretas, que se
implementan sin crear alarma. Este cambio se realiza en la actualidad en
distintos países y regiones según factores internos y externos específicos.
El sistema
sanitario en Andalucía muestra una paradoja que refleja el cambio sociocultural
acelerado propio de la era de la globalización. Así, un conjunto de
dispositivos asistenciales que en el comienzo de los años ochenta son percibidos
como realizadores de una función social relevante y como un factor clave de la
economía regional, en tanto que genera empleo de calidad y produce actividades
de importante significación económica, tan sólo veinte años después, se entienden
de forma sustancialmente diferente. En el mundo de los expertos, de los
gestores y de la tecnoestructura, ahora se dibuja una imagen asociada al
estancamiento, a la rigidez, a la escasa eficacia, al alto coste económico y
a un modelo organizativo obsoleto que dificulta incluso su propia
transformación.
Este cambio
de percepción y valoración del sistema sanitario es la expresión de una
mutación radical en el entorno social en el que se inscribe. Ahora está
emergiendo un sistema productivo nuevo, dotado de un gran dinamismo
económico, pero también potencialmente excluyente, impulsando tendencias a la
dualización social. Los cambios que se producen en la estructura social
desencadenan cambios en el conocimiento. Los paradigmas respecto al sector
público se modifican significativamente. Un paradigma implica un marco de
referencia y un conjunto de valores y premisas que modelan la mirada sobre la
realidad. El cambio paradigmático respecto al sistema sanitario genera una incomunicación
de gran alcance entre las élites gerenciales que lo comparten y los
profesionales y la población. La emergente racionalidad económica de la que se
derivan las reformas actuales de los Estados del Bienestar produce una brecha
comunicativa con los afectados que carece de precedentes. Este es uno de los
problemas centrales de la época actual.
En Andalucía
es más difícil todavía explicar la crisis del sistema sanitario y su necesidad
de reforma imperativa. Desde un punto de vista histórico, éste ha desempeñado
un papel fundamental en el desarrollo social, la verte-bración y la cohesión
de la sociedad, prestando un servicio de gran significación a los andaluces, y
en particular, a los sectores sociales más desfavorecidos. La nueva
racionalidad económica que inspira las reformas actuales se contrapone con la
memoria histórica de la población. La expansión del sistema sanitario tiene
lugar en el pasado inmediato y se encuentra activo en la conciencia colectiva.
Parece difícil explicar cualquier política pública que pueda ser interpretada
en términos de restricción del mismo.
LA REFORMULACIÓN DEL ESTADO DE
BIENESTAR
En los
últimos años se impone un consenso generalizado acerca de la reformulación de
los Estados de Bienestar. Si se quiere conservar un sector público relevante es
preciso efectuar cambios sustanciales en su concepción y diseño. Se evidencian
los límites de un modelo burocrático, centralizado y orientado a garantizar su
propio funcionamiento antes que a la obtención de resultados. El incremento
de la eficacia y la eficiencia, el aumento de la transparencia, la
responsabilidad social en la gestión pública y la mejora de la calidad de los
servicios públicos, se sitúan en primer plano. Es preciso responder a la crisis
presupuestaria que implica el incremento del gasto público, a la crisis de
competitividad derivada de los altos costes de la protección, y a la grave
crisis de legitimidad que hace crecer la desafección de las clases altas y
medias, poniendo de manifiesto el debilitamiento progresivo de los sectores sociales
que tradicionalmente han constituido la base de apoyo a las políticas públicas
redistributivas. Está claro que no es posible continuar del mismo modo. Los
cambios son inevitables. Las políticas públicas y las sanitarias en particular,
así como las organizaciones que las ejecutan, tienen que renovarse en
profundidad.
Las críticas
que suscitan los servicios públicos de salud adquieren unanimidad en los
sectores de expertos y tecnoestructura. El elevado volumen de servicios
sanitarios producidos y el sometimiento al Derecho Administrativo, limitan
severamente la gestión sanitaria. Tanto el INSALUD como los Servicios
Regionales de Salud funcionan como organismos autónomos administrativos. Esto
conlleva la inexistencia de competencia, la conversión del empleo público en
poco sensible a las cambiantes necesidades sociales, la desincentivación de la
eficiencia, el fomento de actividades de búsqueda de rentas, la creación de
burocracia y reducción de la flexibilidad de las políticas a través de rigideces
normativas. Se considera que la ausencia de incentivos adormece a las
organizaciones; que el énfasis en la legalidad niega la preocupación por la
eficiencia; que la ausencia de discrecionalidad impide la gestión y que el
interés público se termina convirtiendo en interés particular. La alternativa
a esta situación implica inevitablemente la administración de una dosis de
mercado.
También
existe un amplio consenso acerca de los principios que deben inspirar las
nuevas políticas públicas. En el caso de los sistemas sanitarios, el aumento de
la eficiencia conlleva una racionalización en la gestión de recursos y
actividades. El imperativo de establecer marcos de planificación y control de
gestión que determinen y cuantifiquen los objetivos, los costes, las
responsabilidades en su ejecución, su evaluación, así como la implementación
de un sistema de incentivos y penalizaciones en función de su cumplimiento, se
sitúa en primer plano. La descentralización de la toma de decisiones, una
nueva política de recursos humanos que flexibilice las regulaciones y las
condiciones de empleo de los funcionarios y estatutarios, la estimulación de la
competencia para aumentar la calidad y reducir costes, y el incremento de la
receptividad respecto a las demandas de los usuarios, completan el catálogo de
elementos que configuran una alternativa al modelo operante en la actualidad.
La
alternativa a los sistemas sanitarios actuales consiste en proponer el
tránsito de modelos organizativos jerárquicamente integrados de financiación y
provisión de servicios, a un modelo de relaciones contractuales entre
estructuras desagregadas. Se trata de integrar dos grandes líneas de actuación:
de un lado, reducir el grado en que las normas procedimentales limitan la discrecionalidad
de la actuación, y de otro, atenuar la separación entre el sector público y el
privado. Así, se confiere mayor poder a los gestores, que pueden controlar los
resultados mediante la determinación de estándares de actividades en estructuras
desagregadas que compiten entre sí y en las que se impone el estilo de gestión
del sector privado. Se desarrolla así una secuencia
incentivación-desagregación-competencia, que cambia la naturaleza del sistema.
Esto permite diseñar procesos presupuestarios y de personal según las
prácticas imperantes en el sector privado. En este modelo, la organización es
una red de contratos en los que se especifican los objetivos, las líneas de
responsabilidad y la rendición de cuentas.
El modelo de
reforma de los servicios de salud se construye como un sistema que trasciende
los tipos actuales de estructuras de gobierno, definidos como jerarquías
públicas centralizadas con sistemas de provisión de servicios integrados
verticalmente, pero que tampoco es un mercado. Se define como un modelo híbrido
entre ambos sistemas. Así, se genera un sistema variable según las dosis de
mercado introducidas en el modelo burocrático. Existen en el plano
teórico diversos modelos híbridos según se combinen distintas clases de
incentivos y acuerdos de cooperación. Así, se construyen diversos escenarios
posibles en torno a variantes diversas. Algunos reflejan distintas
experiencias desarrolladas en el plano internacional con resultados positivos
en distintos grados.
Las reformas
actuales se diseñan mediante la concurrencia de dos elementos: las críticas a
los sistemas burocráticos centralizados existentes y la definición de un
sistema de futuro que implica un grado variable de elementos de mercado. El
grado de consenso en el plano del conocimiento es máximo. El cambio
paradigmático implica el ascenso de una nueva clase gerencia! que se incuba
lentamente en el sistema burocrático actual y que comparte las nuevas
soluciones. La emergencia de un conjunto de nuevos saberes cuyo núcleo está
constituido por las teorías económicas, es patente. Estos implican una
explosión del conocimiento articulado en torno a teorías de elección pública,
teoría del agente principal, teoría de los derechos de propiedad y los
análisis económicos del fracaso del sector público. Desde la perspectiva
dominante de estas teorías, se maximizan las críticas a las burocracias
orientadas hacia sí mismas, que buscan la expansión de sus presupuestos
internos y la maximización de sus beneficios.
El
pensamiento gerencialista se configura como una potente moda que trasciende los
matices y las diferencias. Es un pensamiento único que penetra más allá
de las ideologías y de cualquier posicionamiento pluralista. Los conceptos
procedentes de la microeconomía se sobreponen al conjunto de saberes
administrativos y directivos tradicionales. Un conjunto de asesores y
consultores procedentes de la empresa y del mundo de la business
administration dominan los foros donde se produce y difunde concitando apoyos.
Se configura una sólida corriente internacional que minimiza los factores
singulares y las especificidades locales. Se trata de la globalización del
conocimiento en su versión de un modelo de proceso de modernización único de
los sistemas sanitarios. La imposición de las nuevas ideas exógenas es total,
sin que apenas quede espacio para el análisis de las realidades locales. Las
nuevas propuestas son percibidas como panacea o remedio universal con
virtualidad planetaria. Aparece un dinámico mercado de nuevos expertos que
venden sus ideas a un conjunto de directivos y profesionales deseosos de
conseguir una nueva legitimación y estatus de gerentes. Un buen número de las
ideas que circulan en el nuevo mundo de la gestión son efímeras y están sometidas
al efecto moda.
Sin embargo,
el problema estriba en el diseño del cambio. La experiencia muestra que no
basta con tener un modelo acerca de los objetivos del cambio. Por el contrario,
el cambio es siempre la administración de un proceso en el que se encuentra en
juego la dirección del mismo. El modelo de cambio que se aplica radica en
modificar las normas clave que regulan los comportamientos, esperando que el
sistema evolucione por sí mismo y que los profesionales cambien voluntariamente
sus prácticas para adaptarse a la nueva situación. Pero la gran paradoja del
cambio que se propone radica en que los destinatarios del mismo no parecen
dispuestos a perder parte de su poder o arriesgar sus intereses adquiridos. El
nuevo modelo resultante del cambio significa una redistribución de poder en
favor de los directivos. La posición dominante en los profesionales es la
ausencia de colaboración en el mismo. En estas condiciones es necesario un
coraje político notable para impulsar una reforma que produce un alto grado de
hostilidad en una organización de profesionales como el sistema sanitario.
EL CASO ESPAÑOL
La estrategia seguida en España con
distintas variantes regionales es la introducción de los Contratos-Programa
para las organizaciones sanitarias existentes y la creación de empresas
públicas o un repertorio de nuevas organizaciones dotadas de formas jurídicas
que salvan los obstáculos estatutarios que amenazan la reforma en las
organizaciones tradicionales. Es necesario un alto grado de desagregación de
las organizaciones como requisito para generar la competencia. En general se
confirman las dificultades de transformación de las organizaciones existentes
y se producen progresos moderados en las nuevas, en las que el modelo de
gestión del sector privado puede funcionar con éxito.
Los
Contratos-Programa constituyen un instrumento de gestión que autonomiza a los
centros vinculando su actividad con su presupuesto a través de un sistema de
información. Pero su funcionamiento, que pretende generar una lógica de
autonomía y descentralización, constituye una ficción en un marco de
regulación laboral, presupuestario y de contratación administrativa
tradicional. Tan sólo generan cierto cambio en la cultura de los gestores y un
sistema de información. Los actores principales se orientan a la conservación
de sus intereses adquiridos. La lógica operante de la organización burocrática
absorbe los cambios y los reintegra en una realidad que reproduce sus rasgos
esenciales. Así, el cambio pierde su operatividad y se especifica en una
nueva retórica. Se trata de un cambio en el conocimiento que no conduce a un
cambio de la organización y de las prácticas.
Para que los
Contratos-Programa sean efectivos tienen que ser acompañados de medidas que
permitan a los gestores trascender el marco estatutario de regulación laboral
propio del sector público sanitario, que limita el poder de los gestores
impidiendo en la práctica el despido, las sanciones o la movilidad funcional, e
imponiendo sistemas retributivos no vinculados a los resultados. Además, el
sometimiento a las normas de Derecho Público del régimen presupuestario, de
personal, retributivo, de' contratación, de contabilidad y tesorería, genera
rigideces incompatibles con un sistema de mercado. Los Contratos-Programa
significan la posibilidad de modificar sólo una parte de la realidad. Como
instrumento de cambio son insuficientes si no son acompañados de un sistema de
regulación basado en el Derecho Privado que confiera poder efectivo a los
gestores. Los procesos organizacionales básicos se reproducen después de su
implementación.
En lo que se
refiere a las nuevas organizaciones existe una gran diversidad de experiencias
y de modelos: Sociedades Públicas Mercantiles, Consorcios, Fundaciones,
Cooperativas y otras. La Ley de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del
10 de abril de 1997 regula todas las formas de entidades de naturaleza y
titularidad pública que pueden gestionarse de forma más flexible y mediante el
Derecho Privado, sujetas a un control menos estricto, dotadas de personal
laboral, con selección del personal a cargo de la empresa, con un régimen
retributivo flexible, con negociación colectiva a nivel de centro y con
posibilidad de externalizar servicios. En este caso, la diversidad de tipos de
organizaciones se corresponde con la estrategia general del cambio de
desagregar las estructuras al máximo. Se trata de otorgar el mayor número de
posibilidades al cambio de naturaleza jurídica para los centros sanitarios ya existentes.
Estos nuevos organismos tienen autonomía de gestión, a pesar de ser entidades
de naturaleza pública. Pero se constata la dificultad insalvable de reconvertir
los centros sanitarios de la red pública a alguna de estas fórmulas. El
sistema sanitario se configura así de forma dual: el bloque unificado de
organizaciones sanitarias existentes y el archipiélago de nuevas organizaciones
públicas flexibles.
El obstáculo
principal que encuentra el nuevo modelo para avanzar es la imposibilidad de empezar
de cero, de forma que los profesionales renuncien a sus derechos adquiridos. Es
evidente que una regulación laboral estatutaria determina una eficiencia
microeconómica baja, y que en las condiciones actuales el sistema público es
así inviable. Sin embargo, desde la perspectiva ahistórica propia de la racionalidad
que impulsa el proceso de modernización del sistema sanitario, los
comportamientos conservadores de los profesionales se entienden como
irracionales. Se olvida así que la regulación burocrática y el sometimiento al
Derecho Administrativo son respuestas históricamente construidas para limitar
el poder político. En un sector público desregulado, sometido a Derecho
Privado y formado por una red de pequeñas organizaciones, los riesgos de endogamia,
amiguismo, discrecionalidad, abusos de poder y desprofesionalización de la
gestión, son patentes. Para la memoria de muchos profesionales, el sistema
sanitario en la España de los primeros años setenta es significativo. Ahora se
viven los primeros indicios de estos problemas en el archipiélago de nuevas organizaciones
sanitarias. En este sentido se confirma la complejidad de una reforma
sanitaria. Los discursos simplificadores quedan abatidos por la complejidad de
los hechos. Todos los actores colectivos presentes en el sistema sanitario
comparten la percepción de que los costes de la transformación del mismo pueden
recaer sobre los sectores menos poderosos. Es lógico que nadie quiera asumirlo.
El presente
implica un momento de transformación para los sistemas sanitarios en el que no
se está ni aquí ni allí donde se quiere llegar. Se tiene plena conciencia
de los problemas que implica un sector público y un sistema sanitario como los
actuales. Se tiene la certeza de que éstos son insalvables si no se reforman en
profundidad. Se dibujan las grandes líneas que conforman la alternativa. Pero
no se puede considerar que ésta se encuentre definida, y se tiene que seguir
elaborando tanto el nuevo modelo como las estrategias óptimas que conducen a
él. No se puede presentar el final como un paraíso de la eficiencia sin más
consideraciones. Cualquier solución pasa por realizar una mezcla de dos
realidades difíciles de compatibilizar: la administración pública y el
mercado. El reto de la época presente implica el desarrollo de las competencias
y las capacidades de innovación de las organizaciones públicas. Se puede
excluir de modo terminante una solución externa que se especifique en un
conjunto de recetas sencillas.
No cabe duda
de que el nuevo modelo que se propone en bruto es más eficiente, pero
en su conjunto constituye una incógnita. Un conjunto heterogéneo de pequeñas
organizaciones implica muchos riesgos. Se puede acrecentar la posibilidad de
malversación y de abuso en un sistema de responsabilidad descentralizada. Se
puede incrementar la parcialidad y la corrupción en un sistema en el que la
interrelación con el sector privado es mayor. Se puede derivar el esfuerzo
organizativo hacia el cumplimiento de un conjunto de indicadores en los que no
se encuentren bien reflejados algunos factores de la calidad asistencial.
Pueden producirse importantes problemas de coordinación en las políticas
sanitarias debido a la fragmentación y dispersión del sistema centrado en
objetivos parciales. Pueden diluirse responsabilidades al aumentar el sistema
de relaciones interorganizativas, afectando a la capacidad de dirección del
sistema que tiene que cumplir con objetivos múltiples.
Pero, sobre todo, existe
el riesgo de que puedan reducirse los beneficios obtenidos por los usuarios y
opere una selección de riesgos que incremente la desigualdad.
Todas las
perspectivas de análisis de la crisis de los sistemas sanitarios en el presente
se realizan desde una perspectiva interna. Sin embargo, los principales
aspectos determinantes de la crisis son externos. La más importante crisis del
sistema sanitario es la de legitimidad. Esta se deriva de un cambio en la
estructura social que genera un sector de clases medias y altas que cuestiona
el sistema sanitario en tanto que considera que el reparto de costes y
beneficios derivados del mismo no es justo. Así se construye una presunción de
ineficiencia para éste y se exige su reforma. En este contexto adquiere
significación la percepción de que no es suficientemente receptivo a sus
demandas, que no rinde cuentas con la suficiente transparencia y que carece de
competencias organizativas en cuanto a eficacia y a la gran cantidad de
recursos que consume y despilfarra. De este modo se genera un estado en la
opinión pública de críticas exacerbadas, resistencia fiscal, recurso a
sistemas de servicios alternativos y rechazo a las oportunidades de
participación. La voz crítica que se construye no es explícitamente
insolidaria, pero está cargada de sutilezas. Consigue una respuesta del sistema
sanitario en términos de asumir lo sustancial de su condición social y cultural
específica, que se articula en el arquetipo de cliente-comprador, y se extiende
universalmente a todos los sectores beneficiarios del mismo. Así, se construye
una desigualdad inédita hasta ahora. El sistema sanitario opera ignorando la
pluralidad y heterogeneidad sociocultural de los públicos a los que presta
asistencia.
El problema
político estriba en que las nuevas clases altas y medias desarrollan una gran
capacidad de emitir señales que son recogidas con facilidad por los políticos,
tecnócratas y gestores. Los canales de comunicación con éstos son efectivos.
Así, monopolizan la escucha que realiza el sistema sanitario. Sin embargo, los
problemas sanitarios son más complejos que los que se incluyen en los supuestos
de la perspectiva dominante de la microeconomía. Hay más actores involucrados
con distintas capacidades de emitir señales que sean correctamente descifradas
por el sistema. El problema de la reforma sanitaria radica en comprender quién
gana y quién pierde con el cambio propuesto. El aspecto esencial oculto radica
en que los sectores sociales más desfavorecidos, aún a pesar de no ser
capaces de elaborar una voz equivalente a las nuevas clases altas y medias,
tienen que estar presentes en cualquier solución que tiene que realizarse
mediante el máximo consenso posible. Las estrategias de letra pequeña, propia
de mercados de escasa calidad, que restringen las prestaciones presentándolas
como una mejora, pueden pasar factura a largo plazo.
El
sistema sanitario no es sólo un sistema técnico. No puede ser entendido sin
sus referentes políticos y sociales. Es un espacio en el que interactúan
intereses contrapuestos y en el que compiten valores que están en pugna. Se
trata de obtener un grado de eficacia y eficiencia que reconcilie los
intereses de todos los sectores sociales sin expulsar a la beneficencia a los
sectores sociales más débiles. Aquí radica uno de los dilemas más importantes
de las reformas actuales. La capacidad de lograr un equilibrio entre los
distintos sectores sociales, los inmediatamente visibles y los que tienen menor
visibilidad, constituye uno de los principales retos de la nueva época.
Cualquier solución que sancione una sociedad dual puede pasar una factura
desmesurada en el futuro.
El
segundo dilema de la época actual se deriva de la naturaleza del cambio
social, que no es sólo evolutivo, sino que se produce forzosamente mediante
rupturas y discontinuidades. Así, cuando los objetivos de una política pública
implican construir una organización nueva cuyos supuestos beneficiarios
todavía no están constituidos como grupo de interés, pero el cambio afecta a
los intereses de grupos poderosos ubicados en el presente, decidir en favor
del cambio implica riesgos casi imposibles de asumir. Muchos de los conflictos
sociales actuales muestran esta especifidad. Se producen en sectores en
declive y afectan a importantes segmentos de la población activa. Para cualquier
autoridad, innovar en estas condiciones, a la contra, es problemático.
Paradójicamente, muchas de las energías se consumen en gestionar problemas
que carecen de futuro. En el sistema sanitario, el cambio implica una amenaza
a los intereses de sectores profesionales y de oficios que producen los
servicios. Los supuestos beneficiarios integrados en un sistema desagregado de
organizaciones autónomas no se encuentran presentes en el escenario. Decidir en
la dirección del futuro implica navegar en contra del viento. Así se produce
la fractura comunicativa en las sociedades actuales entre quienes tienen un
proyecto de futuro y quienes tienen temor a éste en tanto que se presenta como
una discontinuidad respecto al presente. En todos los conflictos sociales
comparecen los actores orientados al futuro y los orientados al pasado. Las
barreras que los separan son mayores que en cualquier época pasada.
EL CASO ANDALUZ
En Andalucía
se presentan de un modo singular todas las grandes cuestiones que afectan al
cambio sanitario general. Una variante de gran importancia respecto al
conjunto de España es que se concentra temporalmente el período de expansión.
Este tiene lugar en los años ochenta. Además, el sistema sanitario se
desarrolla en torno a prioridades sociales muy explícitas. Los centros de salud
se instalan en poblaciones rurales y periferias urbanas. La determinación de
los sectores ganadores en la expansión del sistema público andaluz no ofrece
dudas. En este sentido, la escucha ha operado en sentido inverso al de la
reforma actual. Es significativo el hecho de que la reforma de la atención
primaria se encuentre estancada en las principales ciudades.
La principal
especificidad en el proceso de cambio del sistema sanitario en Andalucía es la
falta de congruencia entre un persistente gobierno autonómico de izquierdas,
tanto por la ideología que lo sustenta como por su base electoral de apoyo, y
el contenido de la reforma en marcha. Las autoridades se encuentran inmersas
en el espacio público comunicativo donde se produce el nuevo modelo sanitario y
comparten sus supuestos básicos. Pero la lógica decisional que se crea en
coherencia con esos supuestos genera problemas con sus bases electorales. En
particular, los costes políticos del conflicto con los sindicatos son
insoportables. También el conflicto con los profesionales médicos y enfermeras
hace vulnerable su imagen ante las clases medias. Todas estas contradicciones
tienen efectos sobre las políticas públicas. En un medio complejo y opaco,
donde la comunicación es difícil, es preciso enviar señales gruesas que en
ocasiones se contraponen con la coherencia de la política general. De este
modo, los gestos ocupan en la política sanitaria de Andalucía un espacio
sobredimensionado.
En el Plan
Estratégico del SAS se reflejan las vacilaciones de la política sanitaria en
Andalucía. En todo el documento se hace énfasis en los principios que lo
inspiran, pero la propuesta global se inscribe en las coordenadas del modelo
único modernizador del que toma prestado sus principales conceptos. Un ejemplo
significativo es la pretensión de aplazar la decisión en lo que se refiere al
modelo global: "se pretende que primen las etapas de implantación sobre
la búsqueda de un sistema perfecto". Asimismo, pretende desmarcarse de
las reformas que se producen en España:"descarta las alternativas
planteadas en nuestro entorno próximo que se centran en cambios sobre la
financiación y/o la forma de provisión, que suelen suponer mayores cargas
económicas y diferencias de accesibilidad a los ciudadanos, además de horadar
principios como el de equidad y solidaridad, que suponen conquistas sociales
tras muchos años de esfuerzo colectivo". Sin embargo, sus orientaciones
globales son una clonificación del modelo. Las empresas públicas sanitarias
surgidas los últimos años así lo acreditan.
El Plan
Estratégico expresa cierta desorientación en cuanto a las directrices
generales. En el mismo se muestran las huellas de la historia misma del
sistema sanitario andaluz. Se proclama que los retos principales son trasladar
poder al ciudadano y otorgar mayor autonomía a los profesionales. La reforma de
los años ochenta se ha realizado a espaldas de ambos. Pero la desconfianza
hacia los profesionales persiste, de modo que se delega explícitamente una
parte del servicio de atención a los usuarios a un aparato de unidades
paralelo al dispositivo asistencial: las unidades de atención al usuario. A
pesar de que se proclama como solución la gestión clínica, el documento refleja
sutilmente la persistencia de la incomunicación con los médicos, así como
diferencias culturales de gran alcance.
El problema
de fondo de la reforma sanitaria radica en la inexistencia de una vía
alternativa. Una vez resuelta la batalla del conocimiento, cuyo resultado es
que todos comparten los mismos supuestos, se pone en marcha un proceso que
implica desagregar el sistema en el mayor número de unidades posible. Llegados
a este momento, todas las medidas que se tomen son irreversibles. Es el
momento de las vacilaciones para quien se ubiqué en una perspectiva
progresista tradicional. El documento del Plan Estratégico del SAS lo
identifica muy certeramente"es previsible que esta tensión de cambio
aumente los próximos años sobre los servicios sanitarios públicos". La
estrategia de los sectores interesados en el cambio sanitario actual,
consiste en introducir una secuencia de innovaciones que den lugar a una
situación irreversible.
Hasta el momento, el consenso existente entre
políticos, gestores y expertos en los supuestos del cambio sanitario ha sido
posible en tanto que se ha definido por todos como una reforma técnica. Este es
un planteamiento restrictivo que expresa lo que Crozier denomina "la
crisis de la inteligencia", y que afecta a las élites directivas. Si se
entiende que la reforma sanitaria constituye un problema político, es posible
que se reformule el modelo y aparezcan terceras vías más compatibles
con la perspectiva de la izquierda. En esa hipotética situación, es posible
que los gestos se subordinen a la coherencia de la política sanitaria. Esta es
la que puede establecer las diferencias.