CATALUÑA: CONCURRENCIA DE DESVARÍOS JURÍDICOS

La confrontación catalana evidencia la magnitud del deterioro de las instituciones políticas nacidas el 78. Se trata de una crisis tan intensa que denota un colapso en la capacidad de conocer y actuar de las élites políticas. Más allá del gobierno de Rajoy, aquellos partidos que se denominan como constitucionalistas, así como sus tecnocracias expertas y sus escoltas mediáticos, muestran impúdicamente el desplome de su inteligencia, que queda sepultada bajo un alud de ideas y representaciones caducadas. El resultado es que su composición del problema catalán es unidimensional, concentrado en la defensa de las normas legales vigentes. Así se privilegia un enfoque jurídico que, aislado de otras dimensiones de las realidades que componen el problema, se evidencia como un desvarío colosal que sepulta  la inteligencia.

Si el estado, uno de los componentes del conflicto, mantiene una visión mutilada por la sobrerrepresentación de lo jurídico, sus oponentes hacen gala de su déficit de inteligencia. Su posición se funda en  obtener una ruptura institucional con independencia de la cuantía de sus apoyos sociales, lo que implica la cancelación de su propia voluntad de conquistar una mayoría que respalde sus objetivos.  Su estrategia consiste en acelerar una ruptura que tenga como consecuencia la represión del estado, de la que se espera el rédito de apoyos derivado de la generalización de la misma. Esta dinámica cristaliza en un referéndum amputado, que se inscribe en el campo de la ficción.

En este conflicto dotado de una lógica fatal, ambas partes han renunciado a obtener apoyos más allá de sus propias huestes. De este modo, la idea de la consulta, a la que se supone como un proceso de decisión, hace manifiesto la ausencia de la deliberación,  en tanto que la finalidad de conseguir adhesiones determina una estrategia de encuadrar a sus incondicionales. Los soberanistas catalanes movilizan sus bases en un desafío abierto en espera de que el estado, dirigido por el aparato gerontocrático-jurídico, haga el trabajo de conseguir la adhesión de los sectores de población no definidos explícitamente.

En las conversaciones públicas que tienen lugar en las televisiones y en las redes, se exhibe sin complejos la ausencia de realismo y de inteligencia característicos del declive inexorable del sistema político menguante. Los contenidos se agotan en el cumplimiento de la ley, alimentando la desinteligencia que reaviva el autoritarismo subyacente. Los políticos y autoridades judiciales gerontocráticas filtran sus amenazas y desentierran los modos autoritarios del pasado que parecían haberse disuelto. Algunos documentos audiovisuales desvelan el origen del régimen del 78, que sobrevive en las mentes de la mayoría de los actores. Las televisiones de la derecha proporcionan un catálogo de gestos y discursos de no pocos tertulianos, que remiten al comienzo de los años setenta.

El bochornoso espectáculo del parlamento catalán ilustra el déficit radical de recursos intelectivos de las fuerzas soberanistas. La renuncia de facto a ampliar su influencia y apoyos constituye un factor determinante de su estrategia parlamentaria de rodillo brutal. Así se asemejan a los usos parlamentarios del degenerado parlamento español de los últimos años de plomo. La cuestión estriba en conseguir una mayoría para imponerse contundentemente. Así se construye una restricción de gran envergadura en los modos de ejercer la política. En esa situación proliferan los mamporreros o los semiodiputados capaces de movilizar mediante el humor corrosivo al adversario.

La visión centrada en lo jurídico-judicial constituye una mirada distorsionada sobre la realidad. Parece obvio que el dispositivo normativo ha quedado caduco y genera un alto nivel de desafección. Las normas representan el nivel más estático de una realidad. La dinámica política y social supera la situación que las generó. El resultado es la aparición de tensiones, que tienden a crecer cuando se incrementa la distancia entre la realidad social total y la normativa. La única solución posible es modificar las normas. De lo contrario el conflicto político con los insumisos tiende a adoptar formas explosivas.

Un ejemplo de la monumental crisis de conocimiento propia de esta situación radica en las discusiones bizantinas de los tertulianos y expertos acerca de las actuaciones policiales. Se hacen pronósticos acerca del comportamiento de los policías el 1 O. Estos remiten a la falsa idea de una situación normal. Pero el día 1 de octubre no es una situación ordinaria. Si los soberanistas movilizan sus bases sociales, un pequeño grupo de mozos de esquadra tendrá que actuar frente a un contingente numeroso de gentes en situación de desobediencia activa, estimuladas por la prohibición, que es un factor generador de espíritus épicos. En situaciones así es probable que no pocos miembros de todas las policías renuncien a actuar escalando su fuerza.

Es verdaderamente patético contemplar cómo ideas del pasado autoritario rebrotan y salen a la superficie explícitamente. No sé si los lectores imaginan lo que supone detener a 750 alcaldes. Eso sí que es ayudar a la causa soberanista. En poblaciones pequeñas es una garantía de cohesión. En alguna conversación personal con gentes que entienden que la legalidad es algo pétreo e inamovible los he irritado recordando que la Cataluña de hoy no es el Marruecos colonial que sustenta el inconsciente político de la derecha y parte de la izquierda. Cuando la ley es vulnerada masivamente la policía se encuentra neutralizada y cualquier actuación tiende a una eficacia cero o a generar un rechazo mayor.

Recuerdo hace algunos años en Granada la primera edición de la fiesta de la primavera. Esta fue convocada espontáneamente por grupos de jóvenes. Concurrieron decenas de miles de personas y la situación de estado de ebriedad común desbordó el dispositivo policial, alarmando a las élites convencionales de la ciudad. La segunda edición congregó de nuevo a una gran cantidad de jóvenes. La policía municipal, estimulada por gentes jurídico-centristas, como las que ahora comparecen en todas partes, actuó contundentemente. La fiesta terminó con violencias de alto voltaje, así como con detenidos y heridos. Dos agentes fueron condenados en los tribunales  por abuso de autoridad y lesiones. En los años siguientes la fiesta se celebra sin convocantes responsables ni requisitos administrativos.

El aspecto más negativo de la crisis catalana radica en la activación de la memoria de la derecha, que hace revivir las presunciones subyacentes que conforman su imaginario perpetuo. La victoria en la guerra civil inspira las premisas que se encuentran presentes. Pero ahora no se trata de generar un conflicto que termine con el adversario. Esto no puede concluir con un bando que rece así “En el día de hoy, cautivas y desarmadas las huestes separatistas, el estado nacional ha alcanzado sus últimos objetivos”.  La solución autoritaria implica un escalamiento que multiplica las oposiciones.

Pero el factor más problemático resulta de que el desvarío de los soberanistas catalanes desconcierta a no pocos sectores ilustrados y de izquierda, tanto en Cataluña como en España. La naturaleza del proyecto es prístina. La actuación del parlamento que avasalla la oposición es premonitoria de la ignorancia de la cuantiosa población catalana que no apoya su proyecto. No quiero ni siquiera pensar qué puede suceder si la independencia se consuma en estas condiciones. Sería inevitable una nueva versión de un autoritarismo sostenido. Las ficciones jurídicas detentadas por los nacionalistas, basadas en la premisa de que pilotan un gobierno legal salido de unas elecciones, conducen a la confrontación de entelequias jurídicas. Esta es la naturaleza de un conflicto en el que ambas partes son débiles, en tanto que sus proyectos son inviables e incompletos. En una situación así proliferan las emociones colectivas, los heroísmos de hazañas bélicas, los líderes primitivos y los definidos por la acción en detrimento de la reflexión. Mal asunto.