EL OBISPO DE GRANADA, EL MILAGRO DE SANTA FE Y LA DISIPACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Hace unos meses estalló en Granada el escándalo que los medios de comunicación denominaron como el del “ clan de los Romanones”. Se trata de un caso de abusos sexuales protagonizados por distintos sacerdotes. Una de las víctimas se lo comunicó al papa, y este le respondió,  propiciando una denuncia que saltó a los medios de comunicación. Fueron identificados siete sacerdotes ejercientes en distintas parroquias, que poseían varias propiedades inmobiliarias, en las que tenían lugar los abusos sobre algunos de sus jóvenes colaboradores.

Al tiempo que aparece esta información, tanto el obispo, los medios de comunicación y las instituciones locales, cierran el caso mediante su cancelación mediática y su desplazamiento a los tribunales. En tanto no haya dictamen judicial, se levanta un muro de silencio. A día de hoy, los sacerdotes afectados siguen ejerciendo en las parroquias, en tanto que el tema se ha disipado en  la monótona actualidad granadina, que privilegia las narrativas épicas de las distintas autoridades locales en detrimento de los contenidos asociados a problematizaciones. Nadie se pregunta por el origen de las propiedades de los sacerdotes o por el sufrimiento de las víctimas. La sociedad local ha cerrado el caso haciéndolo invisible. El silenciamiento y la ocultación de este evento,  se asemeja al prevalente  en el franquismo, en donde los medios silenciaban cualquier escándalo que afectase a las instituciones o los poderosos.

De este modo, se configura un espacio invisible a la opinión pública, en el cual se ejercen negociaciones e influencias entre las instituciones involucradas, que operan en las tinieblas de sus intimidades. En esta trama invisible de relaciones, se toman las decisiones, amparadas en el supuesto del olvido  por el paso del tiempo. Ahora se anuncia que los delitos han prescrito para casi todos los encausados. Imagino a las víctimas intimidadas, temerosas de represalias, debido a la inversión de la justicia, que mediante el secreto protege a los poderosos. Así, este acontecimiento evoca el recuerdo de los distintos pasados, en donde las víctimas se encontraban indefensas frente a los verdugos impunes.

La investigación que suscitó este acontecimiento,  impulsada por algunos periodistas independientes, arrojó luz sobre el actual obispo, Francisco Javier Martínez. Amina Nasser, una solvente periodista granadina, publicó distintas informaciones al respecto. En el periódico digital “andaluces.es”,  el día 6 de febrero saca a la luz una información acerca del obispo. En resumen dice que vive en un palacio dotado de 1000 metros cuadrados de residencia; que recibe un sueldo mensual de 1200 euros al mes; que tiene a su disposición una tarjeta visa oro de la diócesis con la que gasta entre 2000 y 3000 euros al mes; que tiene todos sus gastos cubiertos, incluidos extras que suman 180000 euros al año; que dispone de coche, chófer, secretarias, servicio doméstico y cocineras; que maneja un presupuesto de 7,2 millones de euros, que gestiona mediante una oficina de apoyo que impulsa algunas sociedades, colocando a unos 60 seglares afines de “comunión y liberación”.

Esta información no fue desmentida, sino, al igual que en todos los tiempos en la sociedad española en los asuntos que afectan  a los poderosos, sólo relegada. Nadie ha comentado nada al respecto. La sociedad local, con sus instituciones y grupos, permanece ajena a la cuestión. Los conceptos modernidad o modernización se muestran en un estado de desolación patente. Pero la idea principal que quiero destacar en este texto, es que en esta sociedad local persistente a cualquier cambio, no existe oposición. Esta es una función imprescindible en una democracia. Pero su estado de ausencia es clamoroso en los niveles locales. Nadie exige responsabilidad alguna ni transforma  este asunto en una cuestión que pueda tener la naturaleza de deliberación pública. Se trata de un secreto compartido por los clanes que conforman el complejo del poder local que lo silencia.

Pero el secreto y la protección de las informaciones críticas no es sólo propiedad de la iglesia católica. El diario Ideal del domingo 28 de diciembre,  publica una información escalofriante. Se trata del municipio de Santa Fe, próximo a Granada. Este es gobernado desde hace muchos años por el psoe. Los dos últimos alcaldes, son personas jóvenes, y fueron el símbolo de la renovación generacional del partido, debido a su juventud y al conflicto que tuvieron con el alcalde socialista anterior, en la que se manifestaron dimensiones generacionales. El periódico pudo acceder a 200 emails enviados entre distintos miembros del equipo de gobierno, que desvelan un modo de gobernar que se inscribe inequívocamente en los patrones de la mafia.

En síntesis, se ponen al descubierto las contrataciones a dedo, los pagos en B, las insinuaciones de perdonar multas y otros elementos de un modo de gobierno caciquil y antidemocrático. Tanto el primer alcalde, Sergio Bueno, como el nuevo, José María Aponte, se expresan en los términos zafios, con un pragmatismo patético,  tan común  a la clase dirigente española, manifestando sus vínculos con una sociedad oculta a la que denominan como familia o familia socialista. Su acción de gobierno privilegia a su familia política, mediante decisiones continuadas que manifiestan su radical desprecio a las normas o a los principios de igualdad.

La información en su conjunto es escalofriante. Pero no me preocupan tanto los hechos como las consecuencias. Porque, al igual que en el caso del señor obispo, una vez que aparece la información, se compatibilizan el silencio e indolencia  social, la ausencia de oposición, que contrasta con el apresurado movimiento de clausura pública y silenciamiento. El psoe acuerda con el alcalde su dimisión, de modo que el caso es remitido al ámbito de lo penal. El argumento que utilizó la presidenta socialista es que “así puede defenderse mejor”. Pero no sólo el asunto no se transforma en materia de deliberación, sino que queda silenciado, no suscitando palabras de reproche en ninguno de los sectores sociales de la inerte sociedad local.

Aponte ha sido vicepresidente de la Diputación Provincial. Me gusta ironizar acerca de esta institución, a la que denomino en mi ámbito íntimo como “la diligencia”, pues, asentándose en un territorio ajeno a los locales,  es asaltada y saqueada continuamente por todos los participantes en ella. Esta es la institución en la que el control democrático se minimiza hasta la miniatura más microscópica imaginable. Las risas y las lágrimas de los diferentes aspirantes-asaltantes las noches electorales municipales, se deben al resultado,  que les abre el control o la exclusión de tan prodigiosa institución.

Pero lo que más me preocupa es justamente la desaparición de la oposición en los niveles locales. Cuando un partido ocupa las instituciones de gobierno municipal durante un período, desarrolla unas malas prácticas de gobierno tan manifiestamente, que le inhabilitan para ejercer la oposición cuando pierde las elecciones. Su deslegitimación es de tal envergadura que le resta cualquier energía. De este modo, las instituciones municipales en el presente se encuentran en estado de ruinas múltiples y acumuladas. Así se invierte el supuesto de que el municipio es el nivel en que se encuentra más cercano al ciudadano. No. La verdad es que es el nivel más cercano al suelo, al dinero, a los poderes económicos locales, así como a los tráficos producidos por estos agentes. El municipio representa la apoteosis de sometimiento a los poderes locales. Así, el gobierno municipal deriva en una perversión institucional que afecta a todos los presentes, neutralizando cualquier alternativa. El último episodio del desdichado alcalde de Parla es elocuente. Su pasión y muerte política fue determinada por la desmesura del tranvía.

Lo mismo los medios de comunicación. Si en el nivel estatal es posible cierto juego, en el regional las posibilidades disminuyen. En el local es sencillamente imposible. Los medios son cajas de resonancia del poder y sus contenidos derivan fatalmente en una forma de propaganda en tonos grises. Ciertamente, ahora algunos medios digitales abren la información, pero la agenda local la determinan los grandes periódicos, radios y televisiones locales. El ejercicio más duro para un ciudadano es contemplar el espectáculo de la información local, en la que predomina un agente que pone a disposición del poder municipal un altavoz, sin posibilidad de réplica o conversación. Es un monólogo absoluto.

Una institución que carece de alternativas se degrada inevitablemente. La prueba más patente de esta degeneración la expresa el declive de las rancias narrativas que produce acerca de la ciudad y de sí misma. Pero hacer oposición no es esperar a la campaña electoral para arbitrar un juego de seducciones. Tampoco producir comunicaciones en tonos agrios. Hacer oposición es generar una sociedad civil activa, que tenga la capacidad de exigir responsabilidades a las instituciones, de producir ideas y  comunicaciones horizontales, de asegurar la autonomía de las organizaciones locales, de gestionar la heterogeneidad derivada de las condiciones de esta época.

Los acontecimientos locales me conducen a la certeza de que las estructuras, las instituciones y las relaciones han cambiado poco en los últimos cuarenta años de postfranquismo. Lo que han cambiado son las cosas materiales. Como la estructura de poder y comunicación se encuentra incólume, me temo que en las elecciones locales apenas habrá cambios. Pero, peor aún, que en el caso de que los hubiera no supondrían nada verdaderamente nuevo, sino sólo cambio de pareja para los poderes económicos locales. Porque de un sistema sin oposición no se puede esperar nada. Nadie ha exigido responsabilidades al obispo ni a los jóvenes renovadores socialistas de Santa Fe. Sólo en el subsuelo en donde gobierna el secreto de los poderosos se ha cocinado la solución.